Durante el año 2025, el Ministerio Público del Perú registró un total de 42,980 delitos informáticos, según el Anuario Estadístico 2025 de la institución. A esta cifra se suma la gestión de 586 alertas de seguridad digital por parte del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) al 2 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tablero de indicadores de transformación digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La creciente dependencia de plataformas virtuales plantea desafíos operativos para prevenir incidentes capaces de interrumpir actividades cotidianas y servicios esenciales.
La vulnerabilidad técnica cobra mayor relevancia cuando un evento compromete la infraestructura requerida para sostener prestaciones básicas. Una alerta del CNSD identifica entre estas áreas estratégicas al suministro de energía, agua potable, telecomunicaciones, transporte, salud y el sistema financiero, advirtiendo que su interconexión sistémica puede desencadenar fallas en cadena.
Para Freddy Linares Torres, profesor de la Universidad del Pacífico, el país afronta una brecha estructural para responder ante este tipo de amenazas cibernéticas, debido a que diversas entidades públicas operan con sistemas informáticos que demandan actualización y mayor protección.
“El principal riesgo ya no es únicamente el robo o la alteración de datos: un ataque puede además comprometer la capacidad operativa de instituciones y como consecuencia los servicios de los que depende la ciudadanía”, advierte Freddy Linares Torres, docente de la Universidad del Pacífico.
¿Qué ocurre si un ciberataque interrumpe los servicios esenciales?
Las redes energéticas, los centros bancarios y las entidades de salud figuran entre los puntos más sensibles por su impacto directo en la sociedad. Una afectación simultánea provocaría un «apagón digital», escenario donde las consecuencias trascienden el entorno virtual para entorpecer la vida diaria y la actividad comercial.
Aparte de perjudicar la atención pública, la parálisis operativa genera pérdidas económicas directas. En el sistema financiero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció estándares de resiliencia para canales digitales, fijando tiempos máximos de recuperación de entre tres y cinco horas para servicios prioritarios.
¿Cómo articulan las instituciones la respuesta ante las amenazas digitales?
La protección aislada de cada organización resulta insuficiente frente a agresiones cibernéticas internacionales. La contención efectiva exige cooperación permanente entre el sector público, las empresas privadas y aliados internacionales, además de fortalecer el intercambio de información sobre incidentes.
Actualmente, 424 entidades integran la Red Nacional CSIRT, una estructura orientada a articular las capacidades de prevención y respuesta del Estado. No obstante, los expertos señalan que la tecnología debe respaldarse con presupuestos continuos, formación de talento especializado y estándares mínimos de ciberseguridad pública.
¿Qué rol cumple la inteligencia artificial en la prevención de riesgos?
La integración de la inteligencia artificial contribuye a detectar patrones anómalos antes de que escalen hacia crisis operativas. El fortalecimiento de las herramientas de monitoreo estatal permite identificar señales tempranas para actuar antes de que una amenaza comprometa la seguridad nacional o los servicios al ciudadano.
“Prevenir un ciberataque resulta menos costoso que reconstruir los sistemas después de una crisis”, sostiene Linares Torres, quien considera que la preparación preventiva debe constituir una política pública sostenida de gestión de riesgos.
En un contexto de digitalización acelerada, el desafío central radica en consolidar capacidades preventivas que garanticen la continuidad operativa de los servicios básicos en el Perú.
