El Perú ha avanzado significativamente en su camino hacia la inclusión digital. Hoy, más del 76% de los hogares rurales tienen algún tipo de acceso a Internet, una cifra que contrasta fuertemente con el 2% registrado hace apenas una década. Sin embargo, el desafío aún es profundo: más de 3 millones de peruanos permanecen desconectados, según datos del OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Este progreso ha sido impulsado principalmente por redes móviles 3G y 4G, así como por iniciativas público-privadas que han llevado conectividad a miles de localidades antes completamente aisladas. Aun así, la velocidad media en zonas rurales (21 Mbps) sigue siendo tres veces menor que en áreas urbanas (64 Mbps). Además, el acceso a internet fijo es prácticamente inexistente fuera de las ciudades principales, debido a los altos costos de instalación, la baja rentabilidad para operadores y la falta de infraestructura adecuada.
En paralelo, alrededor del 8% de la población del país no tiene acceso a ninguna red móvil, mientras que un 12% solo accede mediante 2G, tecnología insuficiente para plataformas educativas, servicios de salud o herramientas de productividad.
Frente a este escenario, el MTC ha impulsado 21 Proyectos Regionales de Banda Ancha que buscan conectar más de 7,000 escuelas, 3,700 centros de salud y 3,700 plazas públicas, sobre todo en regiones de la Amazonía, la sierra y comunidades fronterizas. Estas acciones buscan impactar directamente en la retención escolar (que ya ha crecido 20% en zonas conectadas), mejorar el acceso a servicios de telesalud y brindar a emprendedores rurales una ventana al comercio digital.
No obstante, el reto no es solo técnico. Para Estrella Zaharia, gerente general adjunta de Gilat Perú, “no se trata solo de llevar internet a una localidad. Se trata de conectar escuelas, postas, municipios y espacios comunitarios para transformar realidades. La conectividad es el habilitador que permite que florezcan la educación, la salud y la productividad”.
El BID y el Banco Mundial han comprometido recursos adicionales para ampliar la cobertura en 2024 y 2025, incluyendo proyectos satelitales de nueva generación y redes LTE avanzadas, clave para las localidades donde la fibra óptica aún no llega.
Con una agenda de conectividad que se perfila como política de Estado, el Perú enfrenta una urgencia social y técnica: cerrar definitivamente la brecha digital rural. Porque en 2025, la conectividad no puede seguir siendo un privilegio: es un derecho básico para el desarrollo humano.
